Esta es la sede de la Codisra en la ciudad de Guatemala, en donde laboran 32 personas. Las otras cinco oficinas departamentales disponen de uno o dos empleados. (Foto: Carlos Kestler)
SILENCIADO
Foto: Tingey Injury Law Firm / Unsplash
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Era la medianoche del sábado 29 de agosto de 2015. Seis exbecarios de diferentes programas de las Naciones Unidas (ONU) caminaban en las calles iluminadas de la Zona Viva en la ciudad de Guatemala. La futura abogada Ana Pablo, su hermana médica Juana Lucía Pablo, la jurista Teresa Macario y el voluntario británico David Wahlers dirigían el grupo a Bajo Fondo Funk, un bar de música pop, soul, jazz, rhythm and blues, entre otros géneros.
Las hermanas de origen q’anjob’al y su amiga de ascendencia k’iche’ portaban vestimentas mayas. El joven lucía unos jeans y una camisa de botones. Ninguno sabía que su intención de disfrutar el final de la jornada laboral se transformaría en indignación frente a la puerta del club.
El guardia del local dejó pasar al extranjero y a las dos expasantes ladinas, pero impidió la entrada a las tres treintañeras indígenas. “Usted no puede entrar”, dijo mientras tomaba a Juana Lucía del brazo para evitar que ingresara.
“¿Por qué no deja a mis amigas?”, le cuestionó Wahlers, quien residía en Guatemala desde hacía más de un año. El vigilante, de 30 años, responsabilizó a su jefe de la decisión.
“El dueño del bar es racista y no quiere que entre gente indígena en este negocio”, indicó el guardia de Bajo Fondo Funk según el expediente del Ministerio Público.
Los seis jóvenes se retiraron de la discoteca. Su noche terminó con un trago amargo.
Ana Pablo tiene 36 años y es la presidenta de la comunidad lingüística q’anjob’al en la Academia de Lenguas Mayas (ALMG). Asegura que el vigilante de un bar en la Zona Viva la discriminó junto a sus dos acompañantes, pero el propietario lo niega. Escúchalos aquí.
El caso de Bajo Fondo es el único proceso por discriminación racial y étnica que la Fiscalía de Derechos Humanos presentó ante el Organismo Judicial (OJ) en los últimos cinco años. El 2015 fue el año en que se creó la Agencia Contra Delitos de Discriminación y partir del cual el Ministerio Público (MP) empezó a clasificar con más precisión estas denuncias. Antes, las registraba como discriminación, en general, sin precisar si era por género, raza, etnia, idioma, edad, religión, situación económica, enfermedad, discapacidad, estado civil u otra razón.
La agencia, ubicada en la zona 1 capitalina y con jurisdicción en todo el país, registró 178 denuncias del 10 de junio de 2015 al 19 de mayo de 2020. El 78 por ciento provino del departamento de Guatemala y seis de cada diez denunciantes fueron mujeres. Uno de los motivos detectados en estos casos, según una revisión detallada a la que se tuvo acceso para esta investigación, fueron los insultos. Palabras y frases como “indio”, “pata rajada”, “shuco”, “cholero” y “fuera de aquí” son recurrentes en los expedientes.
El expediente de Bajo Fondo sigue activo en el Juzgado Primero Pluripersonal de Paz Penal del municipio y departamento de Guatemala. Está en procedimiento intermedio: el juez aceptó la acusación y las partes esperan iniciar el juicio.
CODISRA
DEMI
FISCALÍA DD.HH.
FISCALÍAS MUNICIPALES
PDH
PNC
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Además de la Fiscalía de Derechos Humanos, otras seis instituciones conocen denuncias por discriminación étnico-racial en el país. La Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas en Guatemala (Codisra) acumula expedientes desde 2003 y los canaliza en el MP. Entre 2014 y 2020 suma 244 casos, de los cuales el 76 por ciento fue de personas mayas, el 9 por ciento de garífunas y el 2 por ciento de xinkas. La comisión no lleva la cuenta de quiénes encontraron justicia.
La oficina del Procurador de Derechos Humanos (PDH) también registra casos por discriminación racial y étnica. Desde 2014 ha conocido 44 denuncias, de las cuales el 43 por ciento fueron presentadas por mujeres, en su mayoría k’iche’s. Al igual que la Codisra, el PDH refiere los casos al MP.
Esta es la sede de la Codisra en la ciudad de Guatemala, en donde laboran 32 personas. Las otras cinco oficinas departamentales disponen de uno o dos empleados. (Foto: Carlos Kestler)
Otros receptores de denuncias son la Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI), las fiscalías municipales, las comisarías policiales, las fiscalías distritales, las agencias fiscales y los juzgados. Todas las entidades remiten las denuncias al MP. Para esta investigación fue posible acceder parcialmente a la información de las tres primeras, que suman 64 casos. Además, se detectó que, fuera de la Fiscalía de Derechos Humanos, existe un proceso iniciado después de 2015 que consiguió una sentencia. Es el de Magdalena Cac Tojín, una comerciante k’iche’ que vive en el occidente del país.
Cac tiene 58 años. Es oriunda de Sacapulas, Quiché, y vende artículos de consumo diario como pañales o desechables en el mercado municipal de Huehuetenango. Su caso se remonta al 31 de diciembre de 2016, un día ajetreado por las ventas del Año Nuevo en el que escuchó gritos que quedaron grabados en su memoria.
“Sos una india, no sos como yo. Yo soy ladina, mera ladina, mi venta está limpia. Vos, hija de la gran puta, largate, regresate para tu pueblo, no te quiero ver acá”, le vociferó a media jornada Irma Martínez, una negociante ladina que tenía un puesto en el mismo mercado.
Ambas locatarias se disputaban a los clientes de las festividades. Cac denunció a su competidora por discriminación étnico-racial ante la sede departamental de la Codisra y ante la fiscalía distrital de Huehuetenango. En 2018, tras tres audiencias y dos años después del hecho, Martínez fue condenada a un año y cuatro meses de prisión conmutables a razón de Q5 diarios y fue obligada a pagar una multa de Q500. En total desembolsó Q2 mil 925 para eludir la cárcel.
Esta madre de familia se convirtió en la última persona que logró una condena por discriminación racial y étnica en Guatemala, luego de dos años de proceso penal y de una acusación probada por un peritaje y testigos. Escucha el relato aquí.
Si la historia de Bajo Fondo o de Cac hubiera ocurrido en 2001, ninguna de las víctimas habría cruzado las puertas de un juzgado. Probablemente, ni siquiera habrían considerado la opción de denunciar el hecho pública o penalmente. Hasta 2002, cuando se aprobó la reforma al Código Penal y la discriminación general se convirtió en un delito en Guatemala, estas acciones no podían ser perseguidas.
En ese mismo 2002 surgió la Codisra. Cuatro años después, en 2006, la Vicepresidencia de la República publicó el primer Diagnóstico del Racismo del país, que sirvió de base para la Política Pública para la Convivencia y la Eliminación del Racismo y la Discriminación Racial.
Pero tuvieron que pasar ochos años para que la última normativa entrara en vigor. Fue oficializada en 2014 y se convirtió en un parteaguas para juzgar los casos por discriminación étnico-racial en Guatemala. En ese año, la Codisra registró un incremento del 102 por ciento de denuncias respecto del año anterior y, en 2015, el MP creó la Agencia Contra Delitos de Discriminación dentro de la Fiscalía de Derechos Humanos.
Cantidad de denuncias por discriminación étnico-racial en la Codisra (2014-2020)
No Data Found
Fuente: elaboración propia con base en datos de la Codisra de enero de 2014 a junio de 2020
Pese a las buenas intenciones y el nuevo marco legal para penalizar y sancionar la discriminación racial y étnica, las víctimas no encontraron eco en el sistema judicial y los casos, en su mayoría, fueron ignorados. Como consecuencia, se redujo el volumen de denuncias. Las estadísticas de la Codisra reflejan un promedio de 34 por ciento de disminución anual en los casos entre 2015 y 2019. La Fiscalía de Derechos Humanos, por su parte, mantuvo una media de 34 expedientes por año, pero el destino del 72 por ciento del total fue el archivo o la desestimación y el 15 por ciento continúa en investigación, en espera de justicia.
