Según los registros de la Codisra, los k’iche’, q’eqchi’ y kaqchikeles son los tres grupos mayas que denuncian más discriminación racial y étnica. (Foto: Jesús Alfonso)
RACISTAS
Foto: Lara Natalia / Unsplash
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El reloj marcaba las 8:00 de la noche. Alrededor de 20 expertos, en su mayoría juristas, salían de la Conferencia Episcopal de Guatemala tras participar en un foro sobre la crisis del café en el país. El siguiente punto en la agenda era tomar una cerveza fría en la taberna Tarro Dorado, ubicada en ese entonces en la zona 13 capitalina.
Llegaron en tres automóviles. Cada profesional se reía y conversaba antes de cruzar la entrada del bar, custodiada por un guardia de seguridad. Luego de dejar pasar a las mujeres ladinas, la voz del hombre frenó a Irma Alicia Velásquez Nimatuj, antropóloga k’iche’.
“ Ustedes, señoritas, pasen adelante, pero usted no. Aquí no entran mujeres indígenas, las puede esperar afuera ” , dijo el vigilante del Tarro Dorado.
“ Repítame lo que acaba de decir ”, respondió la investigadora maya.
“ Por órdenes superiores, aquí no entran personas indígenas ” , reiteró el guardia.
La familia Castillo, dueña del Tarro Dorado y la Cervecería Centroamericana, intentó organizar un acto público para disculparse con la académica, pero ella no aceptó. Argumentó que el trato que había recibido “no era algo personal, sino la forma en que trataban las mujeres indígenas”.
Esa escena del 6 de junio de 2002 simboliza el primer caso público de discriminación étnico-racial que sacudió Guatemala. Velásquez nunca consiguió justicia pero, a raíz de su historia, el delito se incluyó en el Código Penal y se instituyó la Codisra.
“No se hablaba del tema en ese entonces. La gente asumió que la discriminación hacia los pueblos indígenas estaba terminada porque se firmó la paz en 1996”, refiere Velásquez, actual profesora invitada del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Stanford, en Estados Unidos.
Guatemala aceptó, por primera vez, que es un Estado históricamente racista en el Acuerdo Sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas (AIDIPI), pactado en 1995, 21 meses antes de finalizar 36 años de conflicto armado interno.
“ […] Los pueblos indígenas han sido particularmente sometidos a niveles de discriminación de hecho, explotación e injusticia por su origen, cultura y lengua, y que, como muchos otros sectores de la colectividad nacional, padecen de tratos y condiciones desiguales e injustas por su condición económica y social […] ” ,reza el Acuerdo Sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas.
Ese racismo hacia las personas mayas, xinkas y garífunas sigue incrustado en la sociedad guatemalteca en la segunda década del siglo XXI. Para Casaús, lo constatan las desigualdades socioeconómicas entre indígenas y no indígenas, así como la gestión del presidente Alejandro Giammattei ante la COVID-19.
IDH
Pobreza
Salario mensual
Índice de Desarrollo Humano según pueblos indígenas o ladino/mestizo en Guatemala
No Data Found
Fuente: elaboración de la Cepal con base en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Índices de desarrollo humano y subíndices, Guatemala, 2018
Índice de Desarrollo Humano según pueblos indígenas o ladino/mestizo en Guatemala
No Data Found
Velásquez coincide con Casaús en las conductas “racistas” de Giammattei durante la pandemia. “Es un trato abusivo y prepotente. El actual mandatario representa al encomendero de los inicios de la colonia. Uno lo nota con el simple uso del ‘vos’ hacia los pueblos indígenas”, comentó la antropóloga el 3 de septiembre de 2020 en un podcast producido por la Agencia Ocote durante un foro de la Seattle International Foundation (SIF).
La experta remarca su argumento con la reunión que el presidente Giammattei sostuvo el 17 de julio de 2020 con representantes de la municipalidad indígena de San Juan Comalapa, Chimaltenango, para dialogar sobre el impacto del coronavirus en la región. Una semana después, los líderes mayas lo declararon non grato por mostrar “actitudes racistas” hacia ellos.
La Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso se unió a los reclamos, pero el gobierno negó los tratos despectivos. “En ningún momento el presidente ha demostrado no tener respeto hacia las autoridades indígenas. De hecho, desde la presidencia nació la iniciativa de tener un acercamiento”, expuso Francis Masek, secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, citada en el portal Soy 502. Pero varios usuarios en redes sociales criticaron algunas expresiones de Giammattei en esa junta.
5)Cuando se señala a si mismo para las palabras jóven y guapo pero apunta al lider indígena con la palabra feo pic.twitter.com/T8nvd9zru2
— Francelia Solano (@FranceliaSolanP) 17 de julio de 2020
Además de eliminar los comportamientos discriminatorios, Causaús subraya que hay que reducir las brechas entre indígenas y no indígenas, lo cual, reconoce, tomará décadas de esfuerzos porque el país arrastra el racismo desde la época colonial.
“ América Latina pasó por la conquista y la colonización, que estuvieron justificadas por una ideología de segregación. Se separaron los ladinos de los indígenas y el problema data de entonces. El racismo es como el cáncer y abarca la esfera política, económica, social, etcétera. La discriminación es la expresión concreta, el momento en que se produce el tumor ” , expone la doctora Casaús.
El sistema judicial no es suficiente para hacer frente a estas actitudes “racistas” y “colonialistas”. Según Velásquez, un primer paso para paliar la discriminación étnico-racial es la formación de valores antirracistas, especialmente entre la juventud, lo cual, dice, no debe quedar en manos de las entidades estatales. “Yo asumo el racismo como una opresión que va conectada a la construcción del Estado. La educación es un camino, pero si no tiene a su lado otro tipo de trabajo de manera simultánea, como el de las iglesias o el sector privado, se queda corto”, menciona.
La educación sobre la discriminación racial y étnica por parte del Estado está lejos de tener la difusión esperada. Un monitoreo realizado en Facebook para este reportaje reflejó que entre abril y septiembre de 2020, la Codisra solo organizó tres conferencias formativas abiertas al público, que albergaron a 60 participantes en promedio. Más allá de esto, la comisión no preparó otras actividades para concienciar a la ciudadanía en redes sociales.
A criterio de Eduardo Vega Luna, miembro del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de las Naciones Unidas, es preocupante que no existan más esfuerzos oficiales de educar sobre el racismo en el país. “Es clave y lo debería hacer la Codisra. Pero en parte depende de quiénes están en las instituciones”, recalca.
En Perú, el país natal de Vega, el Ministerio de Cultura lanzó en 2013 la plataforma Alerta contra el Racismo, que ofrece material pedagógico sobre la discriminación y formularios para las denuncias que se envían a las fiscalías. No existe un sitio web similar en Guatemala.
En 2017, la Codisra dio un paso para garantizar que los valores de equidad sean asimilados en las escuelas. Entregó al Ministerio de Educación (Mineduc) un manual para prevenir el racismo en los centros de nivel primario. El documento plantea acciones para eliminar estereotipos raciales y étnicos, como: “Cambiar el concepto de danzas folclóricas por danzas ancestrales, música maya, xinka, garífuna, etcétera”.
No obstante, aún no es parte del currículo oficial y depende de la voluntad de los maestros de cada escuela para impartir su contenido.
La educación, sin embargo, no es la única vía para frenar el racismo en Guatemala. Es lo que asegura Rigoberto Quemé, antropólogo k’iche’ que entre 1996 y 2004 fungió como el primer alcalde indígena de Quetzaltenango por el comité cívico Xel-Jú. El especialista identifica otra ruta para combatir el problema: la política.
“Atacar al racista individual es una tarea titánica. Si hay seis millones de indígenas [en Guatemala], puede haber seis millones de casos. En su lugar, debemos lograr que el discriminado ejerza el poder para influir en el modelo educativo, el diseño de las leyes o la distribución de los recursos. Así no quedaría tan relegado”, opina Quemé.
El Estado guatemalteco dio el primer paso para eliminar la discriminación étnico-racial en 1983, pero aún tiene una lista de pendientes, como ampliar la cobertura de la Codisra o tipificar el odio racial como delito.
Los pueblos indígenas no son representados en la esfera política. En la legislatura 2020-2024 del Congreso, apenas 16 de los 160 diputados electos son mayas. No hay congresistas xinkas y garífunas y nunca un indígena ha sido electo presidente de Guatemala.
